Publicación:

Aplicación, consecuencias y críticas de las acciones y principios constitucionales para un derecho justo: Un análisis de derecho comparado con énfasis en Colombia

Resumen

Este articulo nos hablará sobre cómo la Constitución Política de Colombia de 1991 representó un cambio estructural al establecer un Estado Social y Democrático de Derecho, centrado en la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana. A través de principios como la igualdad material, la participación democrática y la supremacía constitucional, así como mediante la creación de acciones constitucionales como la tutela, el habeas corpus, el habeas data y la acción pública de inconstitucionalidad, se buscó democratizar el acceso a la justicia y promover una cultura jurídica garantista. Sin embargo, más de tres décadas después, persisten tensiones significativas entre el diseño normativo de la Constitución y su implementación efectiva. Factores como la desigualdad estructural, la ineficacia administrativa, la politización institucional y las barreras de acceso a la justicia para poblaciones vulnerables limitan el alcance real del constitucionalismo transformador. El uso excesivo y reactivo de mecanismos como la tutela ha dado lugar a una protección puntual de derechos, sin lograr transformaciones estructurales duraderas y generando problemas como la congestión judicial. El artículo también incluye una perspectiva comparada con países como México y Argentina, cuyas figuras del amparo ofrecen aprendizajes relevantes sobre justicia constitucional en entornos similares. En conclusión, el verdadero cumplimiento de un derecho justo en Colombia no depende únicamente del reconocimiento formal de derechos, sino de una transformación institucional y cultural profunda, que fortalezca la independencia judicial, mejore la gestión pública y fomente una ciudadanía activa, consciente y exigente. No obstante, el énfasis principal está puesto en Colombia, país que representa un modelo singular por su Constitución de 1991 y el desarrollo de mecanismos innovadores, concebidos para proteger de forma inmediata los derechos fundamentales. En conjunto, el estudio busca evaluar si estas herramientas jurídicas efectivamente contribuyen a consolidar un derecho justo, entendido como un sistema legal que asegure la equidad, la protección de los derechos humanos y el acceso igualitario a la justicia para toda la ciudadanía.